Salud publica y universal

La crisis civilizatoria que ya sacude al capitalismo como sistema socio-histórico estaba presente desde antes que la pandemia del coronavirus propiciara estos extraños tiempos de distanciamiento y confinamiento social. La pandemia sólo ha dejado caer las cortinas de este escenario de crisis.

Para quien lo dude, no es de ahora que se escucharon voces críticas sobre la salud del planeta, especialmente las consecuencias de un sistema de producción y consumo acelerado que genera contaminación, devastación ambiental y una extinción de ecosistemas por la ampliación tanto de la agricultura industrializada, como de la frontera de los territorios dedicados al extractivismo.

No es ahora con la pandemia de COVID-19 que se escuchan voces críticas contra las radicales políticas neoliberales que propiciaron privatizaciones y drásticas disminuciones de los aparatos públicos con consecuencias desastrosas para los servicios públicos, especialmente educación y salud. 

Hace décadas que los principales estudiosos del capitalismo habían advertido de la crisis terminal de este sistema-socio histórico, como lo hizo Immanuel Wallerstein desde hace al menos tres décadas atrás. De hecho en un ensayo de 1994, al delinear las distintas crisis que se acumulan en la fase terminal del capitalismo, anticipó incluso la posibilidad de atravesar por pandemias como la actual: “Hay un último factor de caos que no deberíamos subestimar, el de una nueva peste negra” (Wallerstein, “Paz, estabilidad y legitimación, 1990-2025 / 2050”). Y henos aquí, atravesando la “nueva peste negra”.

En este contexto de crisis que, insisto, no fue creada por la pandemia sino desnudada, debemos replantear las prioridades que tenemos como sociedad y como especie. En medio de esta crisis ahora ha quedado revelada con claridad la equivocada política de privatizaciones y recortes de servicios públicos que propició el neoliberalismo. La crisis es tan obvia que ahora se revela como totalmente insuficiente la política de salud privatizada que se concretó en la compra de seguros médicos privados para millones de personas que desconfiaban de los sistemas públicos de salud.

En el centro de la pandemia, este tipo de soluciones para el conjunto de la sociedad, se revelan como totalmente insuficientes. Por eso debe plantearse como una prioridad social el derecho a la salud y a una vida digna.

En México se supone que el derecho a la salud está protegido desde la Constitución Política, aunque como otros derechos, este es negado en la práctica para más de la mitad de la población del país.

La reconstitución social que vendrá una vez que se pase la fase aguda de la pandemia debe poner en el centro de las prioridades constituir sistemas públicos de salud que garanticen su derecho y acceso para toda la población. 

Esto no sólo para estar preparados para las siguientes pandemias que, a juicio de los especialistas, seguramente vendrán, sino también para procurar una vida digna con medicina no sólo curativa, sino preventiva. Es una medida que incluso a largo tiempo ahorra recursos públicos debido a contención de enfermedades curables y prevenibles. 

Como escribí en otra columna, tras la pandemia no debemos esperar regresar a una “normalidad” añorada. Debemos volver a otra normalidad, una que propicie una vida digna y no una vida miserable para la mayoría como la que ofrece el capitalismo neoliberal.