Reabrir las escuelas rurales es una cuestión de equidad.

El diputado provincial Nicolás Mayoraz pidió al Ejecutivo arbitrar medidas urgentes para empezar las clases en las escuelas rurales de forma presencial. “La infancia rural está de por sí desfavorecida por el sistema. El Coronavirus empeoró la situación sin haber llegado a zonas que casi no tienen conectividad ni clases pero tampoco riesgo de contagio. Se los está privando de muchos derechos”.

Hace 102 días que se suspendieron las clases en toda la Provincia y el 97,5% de los casos reportados se han dado en localidades de más de 2.000 habitantes. El Covid-19, salvo muy contadas excepciones, no está llegando a las zonas rurales. En 14 de los 19 departamentos no hubo casos en los últimos 3 días y en varios ni se registraron contagios desde que comenzó la pandemia.

Mayoraz señala que la suspensión de clases no hizo distinciones territoriales: “Se acostumbra pensar la Educación desde la ciudad pero en las escuelas en contexto de ruralidad el escenario es muy diferente. Hay poca conectividad y escaso acceso a la tecnología. Las clases por videoconferencia o correo electrónico se hacen difíciles o son imposibles”. Advierte además que es una infancia que necesita una atención especial: “De por sí requiere un gran esfuerzo de docentes, familias y alumnos. En estos más de 100 días conocimos muchas historias heroicas. Pero hay evidencias de que el riesgo es nulo o muy bajo en muchas localidades. La escuela rural es un baluarte no sólo para la educación sino también para la contención social. Ya deberíamos estar trabajando para que las clases empiecen cuanto antes extremando las medidas de prevención necesarias”.

En Uruguay ya reabrieron muchas escuelas rurales. Es un sistema de asistencia voluntaria donde docentes y alumnos de riesgo son exceptuados. Implementaron protocolos de sanidad, acondicionaron y desinfectaron los locales y monitorean las condiciones de salud y la movilidad de docentes y alumnos que muchas veces vienen desde lejos. Es un esquema que podría replicarse en Santa Fe y en el país.

En la Provincia hay aproximadamente 5000 escuelas de las cuales 1389 son rurales. Para el diputado “impera la necesidad de redoblar esfuerzos para reducir los daños que la emergencia sanitaria acarreó a la Educación. Hay una deuda histórica con estas instituciones en materia de infraestructura y recursos. No tiene sentido que miles de estudiantes sean privados de sus derechos en regiones donde el problema no llega. Y es también una oportunidad para reducir la brecha entre la educación rural y la urbana”.

“Si se coordinan las acciones entre Educación y Salud del ejecutivo provincial y los distintos departamentos, se pueden implementar acciones y protocolos para lograr que muchos estudiantes retomen las clases de forma segura”, aclara el diputado del bloque Somos Vida y Familia. Y agrega: “la Educación debe ser una prioridad para los santafesinos. Esta es una medida concreta que va a ayudar a la infancia de los sectores rurales, un sector vulnerable cuya contención por parte del Estado Provincial continúa aún pendiente. Es una cuestión de equidad en la que se puede y se debe avanzar”.

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